La inclusión en la educación es uno de los temas relevantes en la agenda de las instituciones de educación superior, no sólo como una línea de acción en el tema de la responsabilidad social universitaria, sino ya, como factor de competitividad clave para la gestión institucional.
En dicho contexto, la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN– y el Ministerio de Educación Nacional, realizaron el pasado mes de agosto en Bogotá el Foro Internacional: “Un camino hacia la educación superior inclusiva”.
A este certamen, la Universidad de Antioquia fue invitada a participar como experiencia exitosa, por los servicios y programas que ha adelantado en pro de la inclusión de poblaciones vulnerables.
Como resultado de su intervención, fue seleccionada como experiencia replicable, lo cual, además de un gran reconocimiento, implica la elaboración de una propuesta de transferencia hacia las instituciones de educación superior interesadas en incluir en su agenda de trabajo el tema de la inclusión.
En el contexto educativo, ¿a qué se refiere el término inclusión?
Alrededor del 10% de la población mundial, o sea 650 millones de personas, vive con una discapacidad, constituyéndose en la mayor minoría del mundo. El 80% de esas personas vive en países en desarrollo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En Colombia, según datos del DANE de octubre de 2006, cerca de 3 millones de colombianos presentan alguna discapacidad y de ellos sólo el 1% ha terminado estudios de educación superior.
Al analizar las distintas perspectivas o enfoques que hoy coexisten cuando se habla de inclusión, lo que se pone de manifiesto es el carácter polisémico y multifacético de esta aspiración. Cada una de las perspectivas existentes del término tiende a poner el énfasis en algún aspecto concreto, desembocando todas ellas en prácticas y proyectos orientados a conseguir que la educación contribuya firmemente a la reducción de los procesos de exclusión social en los que se ven envueltos ciertos colectivos en situación de desventaja y, con ello, equiparar sus oportunidades para contribuir, finalmente, a su bienestar personal y social.
La inclusión, entendida como una actitud y un conjunto de valores que deben permear las políticas y prácticas de nuestro sistema educativo, entra a formar parte de la agenda de nuestras instituciones de educación superior como una forma de promover el a veces olvidado derecho de algunos grupos minoritarios como los indígenas, los afro descendientes, las personas en situación de discapacidad, la población en situación de pobreza extrema, la población de frontera y los rom (gitanos) a una educación de calidad, en la que prime la necesidad de aprender en el marco de una cultura del reconocimiento, la aceptación y el respeto por las diferencias.
¿Por qué hablar de minorías?
En el caso de los indígenas, por ejemplo, de acuerdo con datos suministrados en 2004 por el Departamento Nacional de Planeación, la población estimada a 2001 era de 785.356, de los cuales, según datos del Ministerio de Educación para el año 2002, sólo 103.2 por cada mil colombianos logra ingresar a la educación superior.
Así mismo, alrededor del 10% de la población mundial, o sea 650 millones de personas, vive con una discapacidad, constituyéndose en la mayor minoría del mundo. El 80% de esas personas vive en países en desarrollo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el caso de la pobreza, si bien la diversidad de metodologías de medición dificulta dar cifras precisas, lo que sí está claro es que el económico se convierte en uno de los principales factores que impide a ciertos sectores de la población no sólo el ingreso a la educación superior, sino que se ha convertido en uno de los principales elementos desencadenantes de altos índices de deserción.
jueves, 2 de abril de 2009
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